25 de septiembre de 2026
El Gobierno de Chile presentó cambios al proyecto de adaptabilidad laboral ligado a la ley de 40 horas, una medida que busca mejorar los bajos indicadores de creación de empleo y reducir el desempleo, según informó Red del Lago.
La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, modifica las normas que regulan los acuerdos para distribuir la jornada laboral. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, valoró el diálogo y el tripartismo en la cartera.
Imagen: biobiochile.cl
El proyecto original excluía a los sindicatos, promoviendo pactos individuales. Sin embargo, el Ejecutivo introdujo una enmienda para incorporarlos en el proceso de decisión sobre los promedios, una respuesta a las observaciones realizadas en la comisión.
Cambios en el articulado
El proyecto de ley se centra en modificar los artículos del Código del Trabajo que regulan la distribución de la jornada laboral ordinaria, basándose en un promedio semanal de 40 horas. Estas modificaciones introducen un nuevo mecanismo de flexibilidad horaria.
El detalle de la flexibilidad horaria
La propuesta incrementa el periodo máximo de referencia para calcular el promedio de horas de cuatro a 16 semanas. Sin embargo, se mantiene el límite de 45 horas ordinarias en cualquier semana individual. Según el gobierno, la distribución del tiempo de trabajo debe ser acordada mutuamente entre el empleador y el trabajador, plasmándose en un calendario.
Las partes pueden pactar diferentes opciones de distribución a lo largo del ciclo.
- El pacto debe ser por escrito y establecer un calendario de la jornada.
- Se permiten distintas opciones de distribución dentro del ciclo de 16 semanas.
- El empleador debe notificar la opción aplicable para el mes siguiente con al menos una semana de anticipación.
Inicialmente, el texto excluía a los sindicatos, priorizando acuerdos individuales. No obstante, el Gobierno anunció una enmienda para incorporarlos en el proceso de decisión sobre estos promedios. El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, señaló que esta inclusión respondía a observaciones realizadas en la comisión parlamentaria.
25 de septiembre
El anuncio del Gobierno fue recibido con un análisis diverso por parte de los actores involucrados y la prensa especializada. La inclusión de los sindicatos en los acuerdos de distribución horaria, una modificación clave introducida tras el debate en la Comisión, fue valorada positivamente por las organizaciones laborales como un avance en la protección de derechos colectivos. Por su parte, los representantes de los empleadores destacaron la mayor flexibilidad para sectores con estacionalidad marcada, aunque manifestaron preocupación por la complejidad administrativa que podría implicar la notificación anticipada del calendario mensual.
La prensa económica reportó el hecho destacando el amplio margen de aprobación en la votación de la Comisión de Trabajo, interpretándolo como una señal de consenso político en torno a la necesidad de modernizar la legislación laboral para reactivar el empleo. Asimismo, se enfatizó que el mecanismo de promedio de 40 horas en 16 semanas, con un tope de 45 horas semanales, se aleja de modelos de flexibilidad absoluta al mantener salvaguardias para los trabajadores.
Reacciones y valoraciones
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, evaluó positivamente el proceso, destacando el diálogo tripartito y el entendimiento del Parlamento sobre la urgencia de adaptar el mercado laboral. Según el funcionario, el proyecto avanza adecuadamente y el reglamento de la Ley Karin, próximo a promulgarse, constituirá una mejora sustancial.
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- El Gobierno valoró el tripartismo y el avance del proyecto en la Comisión.
- Los sindicatos acogieron favorablemente su inclusión en los procesos de acuerdo.
- Los empleadores destacaron la flexibilidad pero alertaron sobre posibles complejidades operativas.
- La prensa especializada reportó el consenso político y las garantías incorporadas para los trabajadores.
Antes de fin de año
El reglamento de la Ley Karin, que establece protocolos obligatorios contra el acoso sexual y laboral, ya fue firmado por el ministro del Trabajo y se encuentra a la espera de la rúbrica presidencial, según confirmó el subsecretario de la cartera, Gustavo Rosende. Posteriormente, deberá ser enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón.
Rosende expresó su expectativa de que este cuerpo reglamentario, esencial para la aplicación concreta de la ley, entre en vigencia antes de que finalice el año 2026. Consideró que su implementación representará una mejora sustancial en la protección de los trabajadores.
De manera paralela, el Ejecutivo avanza con las modificaciones al proyecto de adaptabilidad laboral, el cual se debate en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es reactivar el empleo, ante cifras persistentes de desocupación y alta informalidad.
